miércoles, 16 de agosto de 2017

CULTURA NEOLIBERAL EN TODO SU ESPLENDOR


Ricardo Candia

¿Es el Sename un caso aislado y único, en el que mueren niños? Lo que se da a conocer con caracteres de escándalo, no es algo nuevo. Ni extraño. Ni adjudicable a un arranque de rabia de ciertos funcionarios, un error en la fiscalización, o la irrupción de una mafia clandestina. No.

Es el efecto necesario de una cultura que ha elevado a condición de paradigma moral la irrupción de la empresa privada, y la consideración de que el Estado es un demonio filocomunista que quiere tragarlo todo.

El fracaso histórico de la Concertación/Nueva Mayoría se demuestra en esos niños muertos. De los que se sabe. De cuántos han muerto fuera de esos centros, pero por idénticas razones, ¿se tiene idea?

De pronto, la frialdad de las estadísticas hace que los mismos hipócritas que de una u otra manera se han beneficiado de esos niños, se desangren en declaraciones como si se tratara de una visión recién estrenada. ¿Nadie sabía en este país que el Sename es un trocito del Estado que le corresponde a la Democracia Cristiana en el desposte del poder? ¿Nadie sabía de los miles de millones  que se cruzan para administrar esas miserias y que finalmente paran en bolsillos ajenos?

Algo parecido sucedió una vez que se terminó, por lo menos de manera formal, la dictadura. Por años los familiares de las víctimas del terrorismo desplegado por las fuerzas armadas en complicidad de connotados civiles, denunciaron a quien quiso oír la suerte de sus familiares.

Miles de muertos y desaparecidos. Centenares de miles de presos y torturados. Centros clandestinos de detención y exterminio. Instituciones que se suponen  compuesta por gentes de honor y valer dedicadas a lanzar personas al mar, a excavar en la tierra para esconder cadáveres, a torturar y asesinar, quemar, degollar, y que sin embargo guardaron cobarde silencio.

Siempre se negó la existencia de esas víctimas. No se quiso ver. No se quiso saber. Se negó. Se ocultó.

Lo mismo ha pasado con los niños del Sename.

Trenzas de funcionarios han debido administrar con un sentido inhumano esas cárceles de niños en pleno siglo XXI y en un país que hace gárgaras con la modernidad y el desarrollo. Y que han guardado criminal silencio. Esas casas no se administran solas. Esas muertes tuvieron por lo menos cómplices y testigos. ¿Dónde están?

Las desventuras de los niños que se suponen bajo el amparo del Estado han devenido, como casi todo, en un negocio de lo más lucrativo. Y para el efecto, han debido entender a esos niños como cosas, como subproductos inservibles cuya muerte no es sino una pérdida de stock, un subsidio menos.

Ese feudo que todo el mundo sabe pertenece a activistas de la Nueva Mayoría, debe ser intervenido para investigar el grado de responsabilidad del conglomerado en ese infanticidio. Partiendo por enjuiciar a los ministros que un desparpajo insolente acusan de irresponsables a quienes dicen que esos niños son víctimas de atropello a sus derechos humanos básicos, porque temen a los juicios que podrían exigir reparaciones al Estado.

Algo muy grave debió pasar en algún momento de la historia como para que un suceso así haya sido propiciado, mantenido y ocultado por un par de miles (de) personas, funcionarios, varios ministros y altos funcionarios del Estado.

Algo muy grave sucedió en personas que no mucho antes juraban dar la vida por la revolución social, o que invocaban al rebelde Jesucristo que expulsó a los mercaderes del templo y se acompañó de los más pobres y perseguidos. Y ahora explican la muerte de esos niños como un hecho fortuito o adjudicable a las irresponsables familias que dejan sus hijos a la deriva.

Sería interesante saber cuántos otros niños mueren por causas similares aunque no estén presos en esas prisiones. ¿Cuántos mueren por causas violentas en las poblaciones o cuántos que despuntan a la juventud lo hacen en las cárceles. ¿Cuántos intentando asaltar algún dispensador de dinero? ¿Cuántos están en el veneno de la droga? Aunque todos mueran por razones culturales.


Punto Final Nº 880, julio 2017.

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